Lunes, 06 Marzo 2017 15:22

¿Qué pasa con las regalías en La Guajira? El caso del resguardo Lomamato

¿Qué pasa con las regalías en La Guajira? El caso del resguardo Lomamato Fuente: Registro Fotográfico del proyecto
El departamento de la Guajira, tiene aprobados  $681.493'780.163 millones de pesos[1] para el bienio 2017-2018, provenientes del Sistema General de Regalías (SGR) que tiene como principales objetivos generar mayor equidad, desarrollo y competitividad en los territorios donde se desarrolla la exploración y explotación de recursos naturales. Pese a las astronómicas sumas de dinero y los claros objetivos para la inversión, La Guajira en los últimos años sigue estando en los titulares de los diferentes medios de comunicación, nacionales e internacionales, a causa de la crisis humanitaria, sumada a la vinculación de funcionarios públicos en casos de corrupción y  relaciones con organizaciones al margen de la ley.
 Las consecuencias de esta debilidad institucional del Departamento y sus municipios, se refleja con mayor medida en las condiciones de los distintos grupos poblacionales, particularmente en los indígenas Wayuú, moradores ancestrales del territorio.
 La instalación del extractivismo invisibilizó sus maneras de comprender e interpretar el mundo, así como las formas de proyectar su organización social en el territorio. Todo ello ocurrió en un contexto de vulnerabilidad a los derechos humanos, asociado a irregularidades en los procesos de adquisición de las tierras por parte de las empresas mineras, lo que dio como resultado la  desaparición de comunidades enteras a causa del desplazamiento.
Asimismo, en los municipios del enclave minero, se evidencian otras afectaciones relacionadas a la contaminación ambiental (alto niveles carbón en el aire, desvío de los cuerpos de agua, contaminación del suelo), pérdida de  la vocación agrícola y detrimento de la calidad del suelo.

A pesar de todo, los  rubros generados por esta explotación de recursos naturales, no se reflejan en el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Municipios como Hatonuevo, que hacen parte del área de incidencia del Cerrejón, y que recibió para el año 2016  $8.475.318.117 millones[2] del SGR, posee uno de los índices de necesidades básicas insatisfechas más altos del Departamento, alcanzando un 32,38% en su cabecera municipal y un 91,92% en el sector rural.

En este contexto, la Mesa de la Sociedad Civil para la Transparencia en las Industrias Extractivas, adelantó un proceso para identificar las necesidades de transparencia y de información pública desde el ámbito local, a fin de construir debates informados en los territorios, de acuerdo a sus particularidades e intereses y de la forma como se relaciona el sector minero-energético con sus habitantes y cómo estos lo perciben.
El caso de Lomamato
Como objeto de intervención, se seleccionó el Resguardo Lomamato, ubicado a 1 Km de la cabecera municipal de Hatonuevo, y que cuenta con una población aproximada de 2.500 habitantes, distribuidas en ocho (8) comunidades Lomamato, Guamachito, Guaimarito, La Gloria, Cerro Alto, Manantial Grande, Las Lomitas y  El Paraíso. En esta comunidad, se reporta el congelamiento de los recursos, debido a tensiones entre las autoridades naturales, que son parte de su estructura social, y los cabildos que han sido nombrados desde las administraciones locales o regionales. Todo esto, permeado por intereses particulares, malos manejos de los recursos y corrupción.

Teniendo en cuenta los objetivos del proceso, se desarrolló un ejercicio de georeferenciación, caracterización y talleres con la participación de diferentes expertos. Como producto de esto se identificaron, inconformidades de la comunidad por explotación que realiza Cerrejón y que tiene implicaciones en la salud y las condiciones de vida de la comunidad, la debilidad de las estructuras de control, los pocos espacios de rendición de cuenta no garantizan una  participación efectiva, ni transparente.  Adicionalmente, existe poco acompañamiento por parte de organizaciones sociales en cuento al empoderamiento de la comunidad, en relación a la participación que fortalezca el ejercicio de control social y el relacionamiento con la institucionalidad. Al hacer referencia a las necesidades de información, se encontró, la no vinculación de la comunidad en toma de decisiones, priorización de necesidades, construcción, selección y asignación presupuestal de los proyectos. Igualmente, desde la administración local no implementan el Art. 8 ley 1712-2014, que habla de traducción a su lengua nativa aquella información pública que les concierne.

Entre las principales conclusiones del trabajo adelantado por la Mesa de la sociedad civil para las industrias extractivas tenemos. En primer lugar, es evidente que existe resistencia por parte de la administración local en abrir espacios de interlocución que permitan mayor participación y la consolidación de relaciones de confianza con la comunidad. Es por ello la sociedad civil está llamada a acompañar estos procesos de construcción.
En ese sentido, el acompañamiento realizado por la Mesa de la Sociedad Civil para las Industrias Extractivas estuvo encaminada en formación de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública, Sistema General de Regalías, cadena de valor. Además, acompañamiento en la presentación de derechos de petición solicitar celeridad en los procesos de reconocimiento de las autoridades naturales y solicitar acompañamiento de los entes de control nacionales.

Sin embargo, es importante promover proceso de formación integral, organizacional y técnica con las autoridades tradicionales, donde se incluyan a los jóvenes del resguardo para dar los primeros pasos hacia la consolidación de una nueva generación de líderes. Por último, realizar iniciativas puntuales en relación  a la consolidación de veedurías en torno el acceso a la información. Unido a esto, identificar al interior del resguardo profesionales que brinde apoyo técnico a la veeduría.

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