Martes, 02 Agosto 2016 15:02

LA “NUEVA” PAZ: UNA OPORTUNIDAD PARA HACER EL CAMBIO POSIBLE

Por Diogenes Rosero
 
La Constitución de 1991 fue el resultado de los esfuerzos de paz  que se venían impulsando desde la década del 80, junto al anhelo generalizado en el país de establecer un nuevo contrato social para todos. Además de consagrar la paz como un derecho fundamental en su artículo 22 -“la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”-, en el resto del andamiaje de la Carta se consignan importantes avances en la dirección de la consolidación de una paz duradera: Se plantearon reformas en disímiles aspectos de la vida institucional del país, desde la Independencia del Banco de la República y la acción de tutela, hasta temas agrarios, políticos y hasta eclesiásticos. Sin duda la carta sentó unas bases para un mejor país, con avances concretos sobre todo en temas sociales. 
 
A pesar de ello, no se pudo completar ni sostener una transformación completa que nos permitiera gozar de la paz ahora como derecho constitucional. Nos tocó vivir hechos realmente estremecedores e impactantes como el Proceso 8.000 y la Parapolítica, sin dejar de lado mayores tragedias sociales como el desplazamiento forzado, los escándalos de corrupción y las crisis alimentarias del Chocó y La Guajira. 
 
¿Qué impidió que las esperanzas de la paz integral, que nos ofreció la Constitución del 91, no pudieran lograrse de manera completa?  ¿Por qué muchos de los adelantos normativos de la Constitución comenzaron a flaquear cuando se enfrentaron a las realidades institucionales nacionales y regionales? Aunque avanzamos, muchas de las buenas intenciones de reformas al régimen político y transformaciones sociales, han quedado absorbidas por los mismos poderes hegemónicos nacionales y  tal vez, con una mayor participación -a partir de la Constitución- por micro poderes regionales. Órganos bien intencionados como el Consejo Nacional Electoral y el Consejo Nacional de la Judicatura, terminaron en una total inocuidad o capturados por las burocracias partidistas nuevas y tradicionales. Parece que no bastasen cambios normativos sin cambios reales en los arreglos del poder.
 
Esos necesarios cambios parecen tener una nueva oportunidad a propósito de los diálogos de La Habana. Más que redefinir las reglas de juego constitucionales, lo contenido en los Acuerdos, busca impactar en cambios estratégicos en temas claves. Los 6 puntos discutidos así lo destacan. Pero en particular y de manera transversal es necesario resaltar como enfoque, la apuesta por la participación ciudadana.  El accountability, o rendición de cuentas parece ser el eje dinamizador de donde parten los Acuerdos para hacer posible una paz sostenible. La participación en palabras del comisionado de paz es el “derecho de derechos porque activa otros derechos”, promueve transformaciones sociales e indirectamente convierte en ciudadanos a personas del común. Tal vez sea la oportunidad que se necesita para equilibrar la balanza de poderes que ataja el desarrollo.
 
La paz territorial está basada en la necesidad de vincular a la comunidad en el desarrollo de lo pactado y en el seguimiento de la misma de los alcances de la implementación. En cada uno de los puntos abordados, existen un sin número de espacios fortalecidos o por fortalecer que buscan ser activados para  que las comunidades territoriales participen. La etapa de confidencialidad de los acuerdos fue fructífera en garantizar la participación de todos y todas en el post-conflicto, queda entonces el importante reto de hacer posible la participación real de las comunidades, para ello es necesario un liderazgo social,  político, nacional y regional que haga posible esta apuesta, solamente alcanzable si nos la tomamos en serio todos y todas. Hay que participar.

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